Cuando el discurso político desconoce la realidad de la Propiedad Horizontal
Hablo como directora de un gremio, pero sobre todo como alguien que lleva años escuchando a administradores, consejos y copropietarios que sostienen edificios y conjuntos con números reales, no con discursos.
Colombia vivió en este inicio del 2026 un aumento histórico del salario mínimo. Celebrado por muchos, temido por otros. Y en medio de ese escenario, el presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje que, aunque popular, resulta profundamente peligroso para la Propiedad Horizontal: “no dejarse asustar”, “no caer en arribismos” y no trasladar el aumento del salario mínimo a las cuotas de administración.
Quiero decirlo sin rodeos: esto no es un debate ideológico, es un problema de supervivencia operativa.
La Propiedad Horizontal no vive de narrativas, vive de presupuestos
Las copropiedades no ajustan sus cuotas por capricho, ni por “estatus”, ni por arribismo.
Las ajustan porque la vigilancia cuesta, porque el aseo cuesta, porque el mantenimiento cuesta, y porque detrás de cada uno de esos servicios hay personas que trabajan, que devengan —en la mayoría de los casos— un salario mínimo y que tienen prestaciones, recargos, turnos nocturnos y obligaciones legales.
Cuando el salario mínimo sube de manera sustancial, los contratos suben. No porque el administrador quiera, sino porque la ley laboral existe y porque los proveedores también deben cumplirla.
Decirle a una copropiedad que “no traslade ese aumento” es, en la práctica, decirle:
que acepte el déficit,
que debilite la seguridad,
que recorte el aseo,
que aplace mantenimientos,
o que camine peligrosamente hacia el incumplimiento contractual y laboral.
Eso no es valentía y ser empático. Eso es irresponsabilidad financiera.
La Ley no gobierna con slogans o frases populistas de campaña política
La Ley 675 de 2001 no habla de “no asustarse”. Habla de expensas comunes necesarias, de seguridad, de salubridad, de conservación del patrimonio común y de la obligación de los propietarios de contribuir a esos gastos.
La asamblea no está llamada a obedecer discursos políticos; está llamada a aprobar presupuestos reales, sustentados, responsables y acordes con los costos efectivos de operar una copropiedad.
Cuando el mensaje político simplifica esta realidad, lo que genera no es alivio social, sino confusión, enfrentamientos internos y decisiones mal informadas.
El verdadero riesgo: usar la PH como bandera política
La Propiedad Horizontal ha sido históricamente la gran olvidada:
abandonada en la pandemia,
ignorada en la planeación urbana,
exigida como si fuera empresa,
pero tratada como si no tuviera estructura económica propia.
Hoy vuelve a aparecer, no para recibir soluciones estructurales, sino como argumento de conveniencia en el debate público.
Y eso, como gremio, no lo podemos permitir.
Porque cuando la política usa a la PH como caballito de batalla, los que pagan el costo no son los discursos:
son los conjuntos inseguros,
los edificios deteriorados,
los conflictos vecinales,
y los administradores convertidos en villanos por hacer su trabajo.
No es subir por subir. Es cumplir con el objeto de la propiedad horizontal
Nadie en su sano juicio defiende aumentos irracionales.
Lo que defendemos es algo mucho más básico y honesto:
- Que las cuotas reflejen el presupuesto real,
- Que los costos se expliquen con transparencia,
- Que se optimice lo posible sin sacrificar lo necesario,
- y que no se condene a la Propiedad Horizontal a operar con miedo al señalamiento político.
Porque congelar cuotas cuando los costos suben no es justicia social.
Es trasladar el problema al futuro… con intereses.
Mi llamado como directora del gremio
A los consejos de administración: no gobiernen desde el temor al qué dirán.
A los administradores: documenten, expliquen, defiendan el presupuesto con datos.
A los propietarios: exijan transparencia, pero también comprendan la realidad económica.
Y al Gobierno: hablarle a la Propiedad Horizontal exige conocimiento técnico, no frases efectistas.
La Propiedad Horizontal no necesita aplausos.
Necesita reglas claras, respeto por su autonomía y decisiones basadas en la realidad.
No es miedo.
No es arribismo.
Es responsabilidad.
Y desde el gremio, esa responsabilidad no la vamos a negociar.
